viernes, 9 de marzo de 2018

Privilegios de la casta politica en los madriles

madrín, capital de la corrupción.

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La Cámara ha abierto este jueves el concurso para la adjudicación de la gestión de los servicios de restauración y de las máquinas vending en principio durante 18 meses (entre octubre de este año y marzo de 2020), prorrogables por otros ocho meses y medio más (hasta mediados de diciembre de 2020).

El nuevo adjudicatario del contrato recibirá un máximo de 1,57 millones de euros, una cifra que puede elevarse hasta los 2,3 millones si se prorroga la adjudicación ocho meses (o hasta 2,6 millones si existen determinadas modificaciones del contrato). Ésa es la cantidad máxima de subvención pública que percibirá la compañía, a lo que se sumará todos los ingresos por la comida y bebida servidas a sus señorías, personal del Congreso, invitados y todo aquel con pase autorizado (también, sí, a los periodistas cuando cubrimos la actualidad política desde dentro de la Cámara). En total, cerca de un millar de personas diarias, según fuentes parlamentarias.

    Los pliegos del concurso del Congreso fija precios máximos, y las empresas pueden rebajarlos aún más en sus ofertas

En los pliegos del concurso, que el Congreso de los Diputados acaba de hacer públicos (ver aquí la documentación completa), se recoge un extenso listado con los precios máximos que la empresa podrá cobrar por determinadas consumiciones, en línea con los precios que se cobra actualmente en las cafeterías de la Cámara o apenas unos céntimos más alto en algunos productos.

Se trata, en cualquier caso, de los importes máximos permitidos, a los que las empresas candidatas pueden aplicar rebajas en sus ofertas para hacerse con el contrato. Ya de por sí los importes de los pliegos están por debajo de los precios habituales que los ciudadanos pagan habitualmente en cualquier restaurante o cafetería de la calle.
Los cafés del ‘abuelo Pachi’: 0,88 euros

Sus señorías podrán comer un menú del día por 9,28 euros en cafetería o por 13,82 euros si es en el restaurante de la Cámara, un plato combinado por 6,50 euros o una ensalada grande por 5,10 euros. Un desayuno completo (café más bollería o tostada o churros) valdrá como mucho 1,08 euros, serán 1,44 euros si es desayuno especial (con pulga o pincho de tortilla) y 2,17 euros si es desayuno superior (sumándole zumo).

Los cafés en la Cámara valdrán 0,88 euros, en línea con la polémica respuesta que dio hace más de una década el entonces presidente José Luis Rodríguez Zapatero en el programa Tengo una pregunta para usted.  Dijo entonces el presidente que un café en la calle valía “unos 80 céntimos de euro”. “Eso era en los tiempos del abuelo Pachi. Hoy no”, le replicó el ciudadano que le había interpelado.

Los diputados también dispondrán de un amplio surtido de bocadillos por 3 euros (5 si es de ibéricos), una ración de jamón ibérico de bellota por un máximo de 18,04 euros (que se rebaja a 10 euros si es el jamón es de cebo) o una tortilla de patata por 7,27 euros.
Sin gin tonics subvencionados

La Mesa del Congreso de los Diputados modificó a última hora el anterior concurso de cafetería, en 2013, para apagar la polémica que surgió cuando se publicó que en los pliegos se obligaba a ofrecer gin tonics a 3,45 euros, cubalibres a 3,40 euros o whiskies reserva a 4,20 euros. Las bebidas alcohólicas de alta graduación subvencionadas fueron retiradas de la lista de condiciones del antiguo concurso (pero el importe de la subvención se mantuvo sin cambios en 4,2 millones por cuatro años de concesión), y en el actual tampoco aparecen.

Lo que sí se incluye ahora como condición para adjudicarse el nuevo contrato es que la empresa ofrezca en los establecimientos del Congreso cañas de cerveza como máximo a 0,96 euros, copas grandes de cerveza a 0,98 euros o los tercios a 1,44 euros. Y también copas de vino blanco o rosado a 1,19 euros y las de tinto como máximo a 1,90 euros.

Actualmente explota el servicio de restaurante y cafetería del Congreso el grupo Eurest. La compañía se adjudicó el anterior concurso, en 2013, imponiéndose al grupo de Arturo Fernández (ex vicepresidente de la CEOE, y entonces asediado por problemas financiero y acusado de pagar en negro a sus empleados). Su compañía, Grupo Cantoblanco, había conseguido retener concurso tras concurso la concesión del Congreso durante más de veinte años.

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